La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesó a cuatro militares por el delito de desobediencia al considerar que accionaron sus armas en la masacre donde fueron asesinados cinco jóvenes la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con la versión de los hechos de la Sedena, cerca de las 5 de la mañana del domingo 26 de febrero, mientras elementos del Ejército Mexicano realizaban sus recorridos de vigilancia, agentes de una base de operaciones de Nuevo Laredo escucharon disparos, por lo que se dirigieron a la dirección de donde provenían.
Los elementos castrenses vieron una camioneta tipo pick up con siete personas abordo que, según la Secretaría de la Defensa, iban a acceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, por lo que al observar la presencia de las tropas, aceleraron de manera intempestiva y evasiva, pero se impactaron con un vehículo que estaba estacionado.
Luego del choque de la camioneta, el cual provocó un fuerte estruendo, “el personal militar accionó sus armas de fuego, matando a los jóvenes identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, quien era ciudadano estadounidense.
La Sedena precisó que otro tripulante, identificado como Luis Gerardo fue llevado a un hospital privado con impactos de bala en su cuerpo, donde todavía es reportado en estado grave de salud. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que la camioneta donde viajaban los jóvenes tenía al menos 20 impactos de bala y dos personas habrían sido “rematadas” en la nuca cuando se encontraban tiradas en el pavimento.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzaron una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades.
En su momento, la Sedena había señalado que comenzaría investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre los efectivos involucrados. Sin embargo, el periodista Ciro Gómez Leyva anunció durante su noticiero en Imagen Televisión que al menos 4 de los soldados que estuvieron en los hechos, ya fueron procesados por autoridades militares.
Los elementos, según el periodista, ya fueron entrevistados por la FGR y de acuerdo con lo que arrojen las investigaciones de las autoridades civiles y militares, podrían ser acusados por el fuero militar por desobediencia, mientras que el Ministerio Público de la Federación podrían señalarlos por homicidio y lesiones.
Según el Código de Justicia Militar, quien comete el delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”, podría recibir de uno a dos años de cárcel según la gravedad de la misma.
“Artículo 303.- La desobediencia en actos del servicio será castigada con un año de prisión, excepto en los casos siguientes: I.- Cuando ocasione un mal grave que se castigará con dos años de prisión; II.- cuando fuere cometida en campaña, que se castigará con cinco años de prisión, y si resultare perjuicio a las operaciones militares, con diez años de prisión, y III. Cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión”, detalla el Código.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a las autoridades de México una investigación pronta e imparcial sobre los hechos violentos.
“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles”, compartió la ONU en un comunicado este 1 de marzo.
