Al menos 39 personas murieron la noche del lunes y otras 29 resultaron gravemente heridas al desatarse un incendio en un centro de migración del gobierno en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, informaron las autoridades.
El incendio mortal se produce en un momento en que las ciudades fronterizas de todo México se han visto abrumadas por migrantes devueltos desde Estados Unidos, y por otros procedentes de distintos países, muchos de ellos con la esperanza de cruzar luego de que en mayo expire una norma de salud pública de la época de la pandemia.
El incendio comenzó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza situada al frente de El Paso, Texas, poco antes de las 10 p. m., según un comunicado del gobierno mexicano.
Sesenta y ocho hombres procedentes de Centro y Sudamérica estaban detenidos allí, según el comunicado, que añadía que los 29 heridos se encontraban en estado grave y habían sido trasladados a hospitales locales para recibir atención urgente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hombres alojados en el centro estaban molestos con las autoridades.
“Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa diaria el martes por la mañana.
“Suponemos”, añadió, “que se enteraron de que iban a ser deportados”.
Los migrantes duermen en iglesias, hoteles y a veces en la calle. Para sobrevivir, muchos han empezado a vender caramelos, limpiar parabrisas y pedir limosna.
La mañana del 12 de marzo, cientos de personas —incluidas mujeres y niños— se precipitaron hacia la frontera y se reunieron en un puente que conecta la ciudad con El Paso, Texas, según informaron los medios de comunicación locales.
Los migrantes suplicaron para cruzar a Estados Unidos, pero fueron rechazados por agentes de la ley.
En un video grabado por el medio de comunicación local La Verdad, una mujer con un niño pequeño a hombros empieza a gritar: “¡No queremos más nada, sino pasar! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ya está bueno, estamos cansados de estar aquí en Juárez! ¡La migración no nos deja en paz! ¡Nos quita lo poquito que conseguimos! ¡Ayúdennos!”.
Al día siguiente, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que su gobierno endurecería el trato a los migrantes varados en la ciudad.
“Nuestro nivel de paciencia se está agotando”, dijo en una conferencia de prensa, según medios locales. “Tenemos la obligación de cuidar la ciudad”.
Grupos de derechos humanos firmaron una carta conjunta este mes denunciando lo que dijeron eran abusos por parte de funcionarios de migración mexicanos y “la criminalización de personas migrantes”. La carta decía que los documentos de los migrantes habían sido destruidos en una redada en un hotel local el 8 de marzo llevada a cabo por unidades de la policía, la Guardia Nacional y el ejército mexicano.
“Con la presencia desmedida de unidades, se envía un claro mensaje de intimidación a las personas”, rezaba el comunicado.
Los migrantes fallecidos en el incendio del lunes por la noche procedían principalmente de Centroamérica y Venezuela, dijo López Obrador. Al menos 28 de las víctimas eran de Guatemala, según el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
Las autoridades mexicanas están llevando a cabo una investigación sobre quién fue el responsable de la tragedia para determinar si se presentan cargos penales contra algún funcionario, y trabajan con los consulados en los países de origen de los migrantes para determinar su identidad y repatriar los cuerpos, según un alto funcionario mexicano sin autorización para hacer declaraciones en público.
Las imágenes de televisión mostraron un enjambre de carros de policía, ambulancia y otros vehículos de emergencia en la zona. En el estacionamiento del centro se veía lo que parecían ser varios cuerpos envueltos en grandes mantas de aluminio, y la gente se aferraba a la cerca perimetral mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas.
Algunos de los cuerpos de las víctimas estaban cubiertos de hollín.
El instituto declaró que había empezado a comunicarse “con autoridades consulares de diferentes países” para identificar a los fallecidos.
En las horas previas al desastre, varios medios de comunicación afirmaron que personal del centro de detención había estado haciendo operativos en la ciudad contra migrantes que pedían limosna o vendían mercancías en la calle, y que se habían producido tensiones entre los migrantes detenidos y el personal.
En diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que una medida sanitaria de la época de la pandemia que restringía la migración en la frontera sur seguiría vigente por el momento. Esa medida, conocida como Título 42, ha permitido que sean expulsados rápidamente en la frontera los migrantes que de otro modo podrían optar al asilo.
El fallo de la corte retrasó la posibilidad de un gran aumento de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Pero la medida expiraría a inicios de mayo.
