Las recientes jornadas de violencia en estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua, entre otros, han provocado un gran impacto en la sociedad mexicana.
Ya sea por las muertes y lesiones que se han reportado en civiles, hasta situaciones de toque de queda y suspensión de actividades, los ataques en días pasados, perpetrados por miembros de la delincuencia organizada, han mermado la tranquilidad de la ciudadanía.
Esto ha llevado a que desde la misma sociedad civil se tomen medidas extraordinarias, con la finalidad de detonar posibles cambios que reduzcan las agresiones y los ataques a lo largo del territorio nacional.
Tal fue el caso de un comunicado dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en México y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón. El documento fue redactado para solicitar a la ONU México que se reconozca formalmente la situación de violencia e inseguridad del país como un conflicto armado interno.
La misiva fue firmada por Bryan Carlos LeBaron Jones, Renata Villarreal (de Marea Verde México), Cesilia Flores (de Madres Buscadoras Sonora), Arussi Unda (Brujas del Mar), Kenya Cuevas (Casa de las Muñecas Tiresias A.C.), quienes se reconocieron como “algunas de las víctimas del conflicto armado”.
Reconocimiento de un conflicto armado interno en México
El contenido de la solicitud versa sobre la creciente presencia de grupos criminales “armados ilícitamente”, quienes se oponen y confrontan de manera directa al Estado Mexicano.
“Se han diversificado, han ido incrementando con el tiempo su poder armamentista, económico y social, y se han apoderado de gran parte del territorio que comprende la Nación”, puede leerse en el escrito.
En este sentido, las personas firmantes aseguraron que se vive con la ausencia del estado de derecho mexicano.
La finalidad de la petición es, aseguraron, atraer el interés de la comunidad internacional para que acompañe, promueva, vigile y coopere con la aplicación de las leyes mexicanas en contra de los grupos delincuenciales, de manera que se pueda “alcanzar la estabilidad interna y evitar mayores pérdidas humanas por medio de la acción local y apoyo internacional”.
El reconocimiento de este conflicto interno, señalaron, permitiría que el Consejo de Seguridad de la ONU en México aplique instrumentos para investigar, recomendar y enviar apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de alcanzar la paz.
María Elena Ríos fue integrada en el documento sin consentimiento
En la versión de la petición que fue entregada a la ONU, aparece tachado lo que sería el nombre de otra persona que podría haber estado involucrada con la redacción de la misma.
El nombre que aparecía ahí era el de María Elena Ríos, la activista defensora de derechos humanos que fue víctima de un intento de feminicidio en septiembre de 2019. Ella, sin embargo, no tenía nada que ver con el documento.
A través de su cuenta personal de Twitter, la luchadora social aclaró la situación y manifestó que su nombre había sido incluido en el documento sin ninguna notificación. En consecuencia, tampoco había brindado su consentimiento para ello.
“Lamento el dolor de las víctimas y comparto el sentimiento de búsqueda de la justicia; pero quiero dejar en claro que NO soy víctima de un CONFLICTO ARMADO, como lo refiere dicho documento. No comparto el contenido del mismo”, escribió en la red social para acompañar la carta en la que esclareció los hechos.
“Informo que NO AUTORICÉ que mi nombre apareciera en tal documento […] Mi caso es de CORRUPCIÓN y TRÁFICO DE INFLUENCIAS en el que se involucra al Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y al Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo”, agregó María Elena Ríos en el comunicado.
Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales la activista habría sido incluida entre la lista de firmantes, pues el resto de las y los involucrados se ha pronunciado respecto a dicho detalle.
